Según el Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales realizado en Panamá en 2021 por Nielsen el 87.9% de los cigarrillos consumidos en Panamá eran producto del contrabando.
Todos Los gobiernos implementan políticas públicas que, con el objetivo de proteger a los ciudadanos o al orden público, prohíben el consumo de ciertos productos o servicios, en ocasiones atentando de forma desproporcionada con la libertad de elegir de la población. Es por eso, que la Fundación Libertad presenta la investigación: Vaporizadores como alternativa al tabaco, un derecho del individuo.
Este estudio surge a partir de la promulgación de la ley panameña 315 de 30 de junio de 2022, “que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina”, con el objetivo de estudiar los efectos y consecuencias de la implementación de dicha legislación.
“Esta investigación muestra la eficacia del uso de vaporizadores como herramienta de reducción de daños para los consumidores de tabaco. Lo anterior, bajo el supuesto que la evidencia científica suministrada demuestra que los vaporizadores ayudan a disminuir el consumo de tabaco y los efectos perjudiciales producidos por éste”, indica Surse Pierpoint, presidente de Fundación Libertad.
Por otro lado, se destaca que los cigarrillos electrónicos son un producto de alta demanda por fumadores de cigarrillos combustibles que buscan alternativas al cigarrillo tradicional. Los vaporizadores actúan como sustituto de los cigarrillos de combustión y pueden ayudar a dejar de fumar. Sin embargo, la Ley 315 aprobada por la Asamblea Nacional parece ignorar la utilidad de los vaporizadores inclusive, de aquellos que no contienen nicotina, como herramienta de reducción de daños y la libertad individual de los fumadores a escoger un producto de autoayuda menos perjudicial para su salud.
Es así como otras organizaciones también han protestado en contra de esta ley que en forma desproporcionada coarta la libertad de elegir de los ciudadanos. Además, de los efectos inmediatos que ha producido, lejos de evitar el consumo, incentiva y promueve el contrabando en Panamá, ya que desde el 2016, el 60,8% de los cigarrillos consumidos en Panamá eran de este tipo, mientras que, en 2021, cinco años después, esta cifra aumentó a 87.9%, según el Estudio de Mercado de Cigarrillos Ilegales realizado en Panamá en 2021 por Nielsen.
Por su parte, la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá (ARDTP) y la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo han advertido que aprobar legislaciones como la Ley 315, que prohíben el uso, comercialización e importación de cigarrillos electrónicos, impulsa el comercio ilícito.
